El martes pasado se cumplió una semana de que el presidente Felipe Calderón inició un enfrentamiento verbal con los precandidatos presidenciales y dirigentes partidistas de la oposición, principalmente el PRI. El arrebato presidencial ha derivado hasta el momento en una queja ante el IFE por parte de este partido en contra del jefe del Ejectutivo.
Todo inició durante el homenaje que el partido en el gobierno ofreció a los funcionarios de de la Secretaría de Gobernación fallecidos en un accidente aéreo el 11 de noviembre -entre ellos el extinto titular de la dependencia, Francisco Blake Mora- cuando Calderón acusó a la delincuencia organizada de influir en las elecciones en distintas zonas del país.
Todo inició durante el homenaje que el partido en el gobierno ofreció a los funcionarios de de la Secretaría de Gobernación fallecidos en un accidente aéreo el 11 de noviembre -entre ellos el extinto titular de la dependencia, Francisco Blake Mora- cuando Calderón acusó a la delincuencia organizada de influir en las elecciones en distintas zonas del país.
El señalamiento y la acusación hubieran quedado allí, como una señal de que su gobierno perseguiría y prevendría la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones locales y federales del próximo año. Sin embargo Calderón no sólo hizo esas declaraciones en un evento oficial de su partido, Acción Nacional, sino que además enumero daños sufridos por su partido en las elecciones para gobernador, diputados y las 113 alcaldías del estado de Michoacán.
Al hablar sobre el asesinato de Ricardo Guzmán, alcalde de La Piedad, Michoacán, ocurrido el 2 de noviembre pasado y a sólo dos semanas de las elecciones estatales, se preguntó:
"A quién beneficia la acción de los criminales, y a quién perjudica. Es una pregunta clave para el país, que el país tiene que responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica. Perjudica al PAN, perjudica a sus mejores alcaldes, el mejor Alcalde que hayamos tenido, Ricardo, y perjudica al pueblo de México.
"A quién beneficia la acción de los criminales, y a quién perjudica. Es una pregunta clave para el país, que el país tiene que responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica. Perjudica al PAN, perjudica a sus mejores alcaldes, el mejor Alcalde que hayamos tenido, Ricardo, y perjudica al pueblo de México.
"Y la pregunta a quién beneficia, también, tiene que ser respondida", concluyó.
Antes de esto mencionó los casos de coacción del voto, como el desplegado aparecido en el periódico AM de La Piedad, municipio limítrofe con Jalisco y Guanajuato, en la que un grupo relacionado con alguno de los cárteles del narcotráfico amenazaba a los habitantes de esta ciudad con que habría represalias si votaban por los candidatos del PAN.
El discurso, de por sí encendido como debe ser toda arenga partidista, derivó en reclamos que no tardaron en llegar de los representantes de las fuerzas partidistas aludidas y que, según Calderón, se beneficiaron de las acciones de la delincuencia organizada en el estado.
La primera en responder fue la diputada priísta Cristina Díaz, que durante esa semana fungió como presidenta interina de su partido, quien al día siguiente desde Monterrey acusó a su vez a Calderón de actuar de forma facciosa y sobre todo, como militante de un partido antes que como jefe de estado. Se había iniciado el cruce de acusaciones que al paso de una semana se diluyó en el entendido de que se trataba de un mero berrinche presidencial por la derrota de su hermana, quien compitió en estos comicios para la gubernatura del estado.
Pero, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones que hizo el presidente? Y de ser ciertas, ¿cuál es el espectro de poder que el narcotráfico tendría en elecciones? ¿Los grupos criminales comparten alguna ideología política o persiguen objetivos netamente económicos?
Dos semanas antes de las declaraciones del presidente y una semana después de las elecciones en las que el priísta Fausto Vallejo recobró la gubernatura para el PRI, el periódico Milenio reveló la conversación en la que se exhibe a un presunto integrante de La Familia Michoacana, coaccionando a potenciales votantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Tuzantla. De comprobarse la autenticidad del audio, podría confirmarse que la coacción existe y no se limita a la amenaza de excluir a los votantes incómodos de los programas de asistencia gubernamental. Las amenazas son más serias.
Si bien las acusaciones y las respectivas defensas generaron sin duda una trivialización del problema, la voz de los especialistas no disiente de las prevenciones de la posible influencia de los grupos de la delincuencia organizada en las elecciones, sobre todo a nivel local.
Como respuesta a muchas de estas interrogantes, el especialista en seguridad y temas electorales, Eduardo Guerrero comentó la semana pasada en una entrevista radiofónica los motivos y los alcances de este fenómeno.
Tres características debe tener una elección local para ser influenciada por el narcotráfico, menciona. La primera de ellas es que el universo del electorado sea lo suficientemente limitado y de escasa participación, pues esto facilitaría la manipulación o coacción de los votantes.
El segundo caso es que sea una elección muy competida en la que electores y funcionarios de las casillas con baja participación serían víctimas potenciales de coacción.
Como última condición, menciona el también autor de Transparencia y seguridad nacional, es la escasa presencia de grupos de interés ajenos al crimen organizado, pues al ser estos los únicos grupos de interés en los municipios que conforman un distrito electoral los candidatos tiene pocas opciones para buscar apoyo o financiamiento, lo que los convierte en cooperantes cautivos de estos grupos, condición opuesta a las localidades donde abundan los grupos empresariales pertenecientes a la economía formal.
Finalmente, menciona Guerrero, están el principal motivo que haría a los grupos criminales interesarse en la política, entre ellos la fragmentación de los grandes cárteles dedicados al trasiego de droga hacia Estados Unidos, lo que generado la proliferación de mafias locales dedicadas a delitos como el secuestro y la extorsión, lo que les obliga a buscar medios para manejar a las autoridades civiles de sus localidades y continuar con sus actividades ilícitas con mayores posibilidades de impunidad.
Antes de esto mencionó los casos de coacción del voto, como el desplegado aparecido en el periódico AM de La Piedad, municipio limítrofe con Jalisco y Guanajuato, en la que un grupo relacionado con alguno de los cárteles del narcotráfico amenazaba a los habitantes de esta ciudad con que habría represalias si votaban por los candidatos del PAN.
El discurso, de por sí encendido como debe ser toda arenga partidista, derivó en reclamos que no tardaron en llegar de los representantes de las fuerzas partidistas aludidas y que, según Calderón, se beneficiaron de las acciones de la delincuencia organizada en el estado.
La primera en responder fue la diputada priísta Cristina Díaz, que durante esa semana fungió como presidenta interina de su partido, quien al día siguiente desde Monterrey acusó a su vez a Calderón de actuar de forma facciosa y sobre todo, como militante de un partido antes que como jefe de estado. Se había iniciado el cruce de acusaciones que al paso de una semana se diluyó en el entendido de que se trataba de un mero berrinche presidencial por la derrota de su hermana, quien compitió en estos comicios para la gubernatura del estado.
Pero, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones que hizo el presidente? Y de ser ciertas, ¿cuál es el espectro de poder que el narcotráfico tendría en elecciones? ¿Los grupos criminales comparten alguna ideología política o persiguen objetivos netamente económicos?
Dos semanas antes de las declaraciones del presidente y una semana después de las elecciones en las que el priísta Fausto Vallejo recobró la gubernatura para el PRI, el periódico Milenio reveló la conversación en la que se exhibe a un presunto integrante de La Familia Michoacana, coaccionando a potenciales votantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Tuzantla. De comprobarse la autenticidad del audio, podría confirmarse que la coacción existe y no se limita a la amenaza de excluir a los votantes incómodos de los programas de asistencia gubernamental. Las amenazas son más serias.
Si bien las acusaciones y las respectivas defensas generaron sin duda una trivialización del problema, la voz de los especialistas no disiente de las prevenciones de la posible influencia de los grupos de la delincuencia organizada en las elecciones, sobre todo a nivel local.
Como respuesta a muchas de estas interrogantes, el especialista en seguridad y temas electorales, Eduardo Guerrero comentó la semana pasada en una entrevista radiofónica los motivos y los alcances de este fenómeno.
Tres características debe tener una elección local para ser influenciada por el narcotráfico, menciona. La primera de ellas es que el universo del electorado sea lo suficientemente limitado y de escasa participación, pues esto facilitaría la manipulación o coacción de los votantes.
El segundo caso es que sea una elección muy competida en la que electores y funcionarios de las casillas con baja participación serían víctimas potenciales de coacción.
Como última condición, menciona el también autor de Transparencia y seguridad nacional, es la escasa presencia de grupos de interés ajenos al crimen organizado, pues al ser estos los únicos grupos de interés en los municipios que conforman un distrito electoral los candidatos tiene pocas opciones para buscar apoyo o financiamiento, lo que los convierte en cooperantes cautivos de estos grupos, condición opuesta a las localidades donde abundan los grupos empresariales pertenecientes a la economía formal.
Finalmente, menciona Guerrero, están el principal motivo que haría a los grupos criminales interesarse en la política, entre ellos la fragmentación de los grandes cárteles dedicados al trasiego de droga hacia Estados Unidos, lo que generado la proliferación de mafias locales dedicadas a delitos como el secuestro y la extorsión, lo que les obliga a buscar medios para manejar a las autoridades civiles de sus localidades y continuar con sus actividades ilícitas con mayores posibilidades de impunidad.
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