Este jueves 1 de septiembre se cumple la primera semana del ataque al casino Royale en Monterrey, al norte de México, que dejó 52 muertos y es quizá uno de los episodios nacionales que marcarán el sexenio de Felipe Calderón. Este atentado, como fue revelando la prensa mexicana a lo largo de estos ocho días, puso al descubierto no sólo la indefensión en la que se encuentran los propietarios muchos negocios medianamente prósperos en algunas zonas del país. También evidenció la red de complicidades entre propietarios de algunas casas de apuestas con jueces y autoridades locales para mantener en operación sus negocios aun en contra de la ley.
El jueves pasado, la ciudad de Monterrey -oasis empresarial y cultural del norte de México- fue “terreno de caza” cuando un comando de doce sujetos armados arribó al casino “Royale” y a punta de armas largas atemorizó a los asistentes a ese centro de diversión.
Una hora antes, los atacantes habían recibido las instrucciones en el restaurante El Gran Pastor, local de comida regional ubicado a cinco minutos en auto del casino Royale. Eran cerca de las 14:00 horas.
El jueves pasado, la ciudad de Monterrey -oasis empresarial y cultural del norte de México- fue “terreno de caza” cuando un comando de doce sujetos armados arribó al casino “Royale” y a punta de armas largas atemorizó a los asistentes a ese centro de diversión.
Una hora antes, los atacantes habían recibido las instrucciones en el restaurante El Gran Pastor, local de comida regional ubicado a cinco minutos en auto del casino Royale. Eran cerca de las 14:00 horas.
A las 15:30 horas algunos asistentes al casino Royale tomaban su hora de descanso, otros departían en compañía de amigos y otros más jugaban al Bingo o en las máquinas tragamonedas, ubicadas en la planta baja del inmueble.
A su llegada, el grupo armado lanzó disparos al aire -algunos testigos dijeron escuchar la detonación de dos granadas- y advirtió a los empleados y a asistentes que salieran del lugar pues estaban a punto de prenderle fuego al casino. La intención, según algunas versiones que empieza a manejar la prensa, era la extorsión, en este caso por parte del grupo criminal "Los Zetas" dentro de una guerra que mantienen con el cártel del Golfo por el control del estado, esencial para el trasiego de drogas a EU.
Como muestra el video, el ataque duró dos minutos y medio, tiempo suficiente para causar el pánico entre las personas presentes en el casino para posteriormente incendiarlo.
Como muestra el video, el ataque duró dos minutos y medio, tiempo suficiente para causar el pánico entre las personas presentes en el casino para posteriormente incendiarlo.
 |
| Incendio en el casino Royale, Monterrey, México. |
Las primeras noticias sobre el ataque y posterior incendio en el casino “Royale” comenzaron acircular poco después de las cuatro de la tarde. Los primeros reportes de la prensa local y de los corresponsales de medios de cobertura nacional confirmaban hasta ese momento la muerte de seis personas y ocho heridos, cifra que habría de aumentar dramáticamente con el paso de las horas. Personas que lograron ponerse a salvo daban cuenta de al menos 40 personas atrapadas al interior del inmueble. Muchas de ellas, decían, se refugiaron en los baños y el estacionamiento subterráneo ante lo que creyeron un asalto y no el inicio de un atentado de mayores dimensiones.
Para las 17 horas se intentaba abrir varios boquetes con maquinaria pesada para facilitar la labor de los bomberos y para acelerar las tareas de rescate. Habían llegado elementos de la Agencia de Seguridad Estatal de Investigaciones, Bomberos y Protección Civil. En su interior más de 40 personas morían asfixiadas por el humo. Conforme pasaban las horas la cifra de muertos crecía y finalmente se detuvo después de las 23 horas en 53 muertos, lo que posteriormente se corrigió a 52 decesos.
Incendio legal y político
Conforme aumentaba la cifra de muertos, se encendía la mecha de otro incendio, éste de tipo político y que involucraba a las autoridades locales y federales por la expedición de permisos a estas casas de apuestas.
“¿Quién es el dueño?” fue una de las primeras preguntas que se desató en las redes sociales y medios de comunicación que transmitían en vivo. En un principio se señaló a Ramón Aguirre Vizuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez -ex regente de la ciudad de México en la década de los 80-. Más tarde Aguirre Vizuet aceptó ser operador del centro de entretenimiento, aunque señaló a Ramón Madero o José Luis Madero Covarrubias como el verdadero propietario del casino, sin embargo otras versiones periodísticas señalaban a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, como principal accionista de Atracciones y Emociones Vallarta, empresa permisionaria de la operación de esta casa de apuestas. Esta última versión se fortaleció con el paso de los días y es la que actualmente manejan autoridades ministeriales y la prensa nacional.
En el terreno político, las primeras movilizaciones de habitantes de Monterrey y una de las primeras exigencias fue la renuncia del gobernador, Rodrigo Medina, se dieron a lo largo del fin de semana. La exigencia fue rápidamente secundada por las bancadas de oposición en el congreso local. El Partido Acción Nacional (PAN), que anteriormente había gobernado la entidad, se apresuró a pedir primero la renuncia del gobernador y después a desaparición de poderes en el estado, decisión en manos del Senado de la República. La politización de esta marcha fue denunciada y reprobada por los mismos participantes en ella:
Por otro lado el alcalde Fernando Larrazábal, de extracción panista, hacía un esfuerzo por restar su responsabilidad en la tragedia y señaló al Tribunal de lo Contencioso Administrativo local como corresponsable de las muertes a causa del amparo que este tribunal otorgó el 31 de mayo al casino Royale en contra de una clausura efectuada por la administración municipal a su cargo por supuestas irregularidades en los permisos de operación. En diversas entrevistas radiofónicas y en la televisión, como la del lunes 29, Larrazabal defendió su labor al frente de la alcaldía y no tardó en poner el dedo ante la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) -de nivel federal- sobre otros 11 casinos que operaban en la ciudad de Monterrey sin el permiso requerido.
Las presiones fueron aumentando para el alcalde, tanto así que el miércoles 31 de agosto, el periódico Reforma jaló otro hilo de la madeja de presuntas responsabilidades de las autoridades municipales cuando en primera plana publicó la serie de cobros que Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, realizaba en diferentes casinos de la ciudad. Aunque se ignoraba el motivo de los cobros, se habló de extorsión por parte del hermano del alcalde, quien supuestamente aprovechando su parentesco extorsionaba a los dueños de casinos.
Al acoso que recibía el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por parte de la oposición en el congreso local, parecía tener una respuesta con la revelación de estas imágenes. El hermano del alcalde, en voz de su abogado, se defendió alegando que los cobros realizados en diferentes casinos eran por la venta productos alimenticios que provecía a los casinos.
Hoy, Reforma retomó el tema y relacionó los cobros con la serie de atentados a la que al menos cuatro casinos de Monterrey, entre ellos el Royale, fueron sometidos el 25 de mayo.
La batalla por las responsabilidades civiles y penales en el caso del casino Royale tomó dimensiones políticas, en la que los primeros responsables directos de carácter meramente delincuencial cayeron el fin de semana, aunque faltan quizá por caer los responsables por omisión, o quizá por acción. La parte más delgada de la cuerda, como se dice en México podrían ser los hermanos Larrazabal.
Primeras detenciones
En esta semana se ha manejado una narrativa paralela tanto en los medios de comunicación como en la voz de las autoridades. Desde la mañana del domingo 28 de agosto diferentes medios daban por hecho la detención de dos presuntos participantes en el atentado. El vocero de seguridad del gobierno del estado de Nuevo León, Jorge Domene, aseguró ante periodistas que la noche anterior se había detenido a dos personas relacionadas con el atentado. No obstante, el gobernador se resistía a asegurar la veracidad de las detenciones bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones y se limitaba a decir que había avances importantes en la indagatoria. La mañana del lunes las autoridades estatales informaron oficialmente la detención de cinco participantes, todos ellos confesos y de los que se poseían pruebas incriminatorias suficientes para ser sujetos a procesos penales.
Con estas detenciones comenzaba a resolverse uno de los aristas de quienes participaron en el atentado, aunque estaba por resolverse la autoría intelectual. El gobernador aseguraba tener identificado al autor intelectual, a quien señalaban como un importante capo, a quien señaló, operador local de uno de los cárteles del narcotráfico que se disputan la ciudad.
Aunque el arresto de estas cinco personas presuntamente relacionadas es un avance importante, los regiomontanos esperan la caída de más involucrados. Hasta ahora las detenciones ponen de manifiesto que las autoridades de procuración de justicia llegan a dar resultados, así sea para poner a salvo la cabeza del gobernador.
Las reacciones de la autoridad federal
Mientras los deudos reconocían a sus familiares fallecidos, y lanzaban quejas por las escasas o nulas medidas de seguridad que había en el casino, las autoridades federales se apresuraron primero a condenar el atentado y después a sacudirse de la responsabilidad.
Las indagatorias por presunta actividades delictivas por parte de dueños de casinos no son nuevas Estas crecieron desde 2004, cuando el entonces secretario de Gobernación y hoy aspirante a la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda, otorgó permisos para la operación de casas de apuestas. Estos giros pasaron de 123 a 198 al final del sexenio de Vicente Fox. Actualmente, dice el semanario Proceso, operan 790 casinos, entre legales e ilegales.
Si bien en México la responsabilidad en la operación de casinos es facultad del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, la operación de los locales y las medidas de protección civil están a cargo de las autoridades municipales. Esta división en las facultades de acción de la autoridad en los casinos ha sido una de las principales herramientas usadas por los cuerpos legales ante el Poder Judicial de los casinos para evadir sus responsabilidades ante las leyes federales en la materia como en el terreno de protección civil.
Por lo pronto persisten las respuestas evasivas tanto a nivel municipal, local y federal, mientras los deudos esperan más respuestas.
Colofón
Hasta mediados desde la década pasada, los mexicanos creíamos que las matanzas, o masacres de este tipo, sólo se como parte de conflictos políticos y sociales. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, además de Tlatelolco y "El Halconazo", también conocido como el Jueves de Corpus nos habían acostumbrado a que el gobierno o los paramilitares eran responsables de la mayoría de estas acciones, en las que existían los mínimos ingredientes de descontento político - y en los casos extremos una abierta simpatía con la subversión armada- en contra de algún cacique local o el sistema de gobierno.
 |
| Rescatistas sacan el cuerpo de las personas fallecidas en el casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, México. |
Conforme aumentaba la cifra de muertos, se encendía la mecha de otro incendio, éste de tipo político y que involucraba a las autoridades locales y federales por la expedición de permisos a estas casas de apuestas.
“¿Quién es el dueño?” fue una de las primeras preguntas que se desató en las redes sociales y medios de comunicación que transmitían en vivo. En un principio se señaló a Ramón Aguirre Vizuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez -ex regente de la ciudad de México en la década de los 80-. Más tarde Aguirre Vizuet aceptó ser operador del centro de entretenimiento, aunque señaló a Ramón Madero o José Luis Madero Covarrubias como el verdadero propietario del casino, sin embargo otras versiones periodísticas señalaban a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, como principal accionista de Atracciones y Emociones Vallarta, empresa permisionaria de la operación de esta casa de apuestas. Esta última versión se fortaleció con el paso de los días y es la que actualmente manejan autoridades ministeriales y la prensa nacional.
En el terreno político, las primeras movilizaciones de habitantes de Monterrey y una de las primeras exigencias fue la renuncia del gobernador, Rodrigo Medina, se dieron a lo largo del fin de semana. La exigencia fue rápidamente secundada por las bancadas de oposición en el congreso local. El Partido Acción Nacional (PAN), que anteriormente había gobernado la entidad, se apresuró a pedir primero la renuncia del gobernador y después a desaparición de poderes en el estado, decisión en manos del Senado de la República. La politización de esta marcha fue denunciada y reprobada por los mismos participantes en ella:
Por otro lado el alcalde Fernando Larrazábal, de extracción panista, hacía un esfuerzo por restar su responsabilidad en la tragedia y señaló al Tribunal de lo Contencioso Administrativo local como corresponsable de las muertes a causa del amparo que este tribunal otorgó el 31 de mayo al casino Royale en contra de una clausura efectuada por la administración municipal a su cargo por supuestas irregularidades en los permisos de operación. En diversas entrevistas radiofónicas y en la televisión, como la del lunes 29, Larrazabal defendió su labor al frente de la alcaldía y no tardó en poner el dedo ante la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) -de nivel federal- sobre otros 11 casinos que operaban en la ciudad de Monterrey sin el permiso requerido.
Las presiones fueron aumentando para el alcalde, tanto así que el miércoles 31 de agosto, el periódico Reforma jaló otro hilo de la madeja de presuntas responsabilidades de las autoridades municipales cuando en primera plana publicó la serie de cobros que Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, realizaba en diferentes casinos de la ciudad. Aunque se ignoraba el motivo de los cobros, se habló de extorsión por parte del hermano del alcalde, quien supuestamente aprovechando su parentesco extorsionaba a los dueños de casinos.
Al acoso que recibía el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por parte de la oposición en el congreso local, parecía tener una respuesta con la revelación de estas imágenes. El hermano del alcalde, en voz de su abogado, se defendió alegando que los cobros realizados en diferentes casinos eran por la venta productos alimenticios que provecía a los casinos.
Hoy, Reforma retomó el tema y relacionó los cobros con la serie de atentados a la que al menos cuatro casinos de Monterrey, entre ellos el Royale, fueron sometidos el 25 de mayo.
La batalla por las responsabilidades civiles y penales en el caso del casino Royale tomó dimensiones políticas, en la que los primeros responsables directos de carácter meramente delincuencial cayeron el fin de semana, aunque faltan quizá por caer los responsables por omisión, o quizá por acción. La parte más delgada de la cuerda, como se dice en México podrían ser los hermanos Larrazabal.
Primeras detenciones
En esta semana se ha manejado una narrativa paralela tanto en los medios de comunicación como en la voz de las autoridades. Desde la mañana del domingo 28 de agosto diferentes medios daban por hecho la detención de dos presuntos participantes en el atentado. El vocero de seguridad del gobierno del estado de Nuevo León, Jorge Domene, aseguró ante periodistas que la noche anterior se había detenido a dos personas relacionadas con el atentado. No obstante, el gobernador se resistía a asegurar la veracidad de las detenciones bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones y se limitaba a decir que había avances importantes en la indagatoria. La mañana del lunes las autoridades estatales informaron oficialmente la detención de cinco participantes, todos ellos confesos y de los que se poseían pruebas incriminatorias suficientes para ser sujetos a procesos penales.
 | |
|
Aunque el arresto de estas cinco personas presuntamente relacionadas es un avance importante, los regiomontanos esperan la caída de más involucrados. Hasta ahora las detenciones ponen de manifiesto que las autoridades de procuración de justicia llegan a dar resultados, así sea para poner a salvo la cabeza del gobernador.
Las reacciones de la autoridad federal
Mientras los deudos reconocían a sus familiares fallecidos, y lanzaban quejas por las escasas o nulas medidas de seguridad que había en el casino, las autoridades federales se apresuraron primero a condenar el atentado y después a sacudirse de la responsabilidad.
Las indagatorias por presunta actividades delictivas por parte de dueños de casinos no son nuevas Estas crecieron desde 2004, cuando el entonces secretario de Gobernación y hoy aspirante a la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda, otorgó permisos para la operación de casas de apuestas. Estos giros pasaron de 123 a 198 al final del sexenio de Vicente Fox. Actualmente, dice el semanario Proceso, operan 790 casinos, entre legales e ilegales.
Si bien en México la responsabilidad en la operación de casinos es facultad del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, la operación de los locales y las medidas de protección civil están a cargo de las autoridades municipales. Esta división en las facultades de acción de la autoridad en los casinos ha sido una de las principales herramientas usadas por los cuerpos legales ante el Poder Judicial de los casinos para evadir sus responsabilidades ante las leyes federales en la materia como en el terreno de protección civil.
Por lo pronto persisten las respuestas evasivas tanto a nivel municipal, local y federal, mientras los deudos esperan más respuestas.
Colofón
Hasta mediados desde la década pasada, los mexicanos creíamos que las matanzas, o masacres de este tipo, sólo se como parte de conflictos políticos y sociales. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, además de Tlatelolco y "El Halconazo", también conocido como el Jueves de Corpus nos habían acostumbrado a que el gobierno o los paramilitares eran responsables de la mayoría de estas acciones, en las que existían los mínimos ingredientes de descontento político - y en los casos extremos una abierta simpatía con la subversión armada- en contra de algún cacique local o el sistema de gobierno.
En los últimos años las dinámica de la violencia en México tuvo un giro en el que los afectados ya no sólo son las personas involucradas directamente en los conflictos, principalmente en el trasiego de droga a los Estados Unidos. Migrantes, habitantes comunes, familias enteras, incluso niños, han sido víctimas de una violencia focalizada en algunos puntos del país.
Al panteón de sacrificios en la historia reciente en México deberá sumarse el 25 de agosto de 2011, cuando Monterrey se convirtió en "terreno de caza". Pero, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad?
No hay comentarios:
Publicar un comentario